La Juventud Estudiante Católica (JEC) y la Juventud Obrera
Cristiana (JOC) queremos manifestar nuestro rechazo a los recortes educativos
que se están llevando a cabo. Como movimientos juveniles presentes en el ámbito
estudiantil y del mundo obrero y del trabajo no podemos quedarnos indiferentes
ante la merma en los derechos de la juventud que dichos recortes van a
acarrear.
Entre otras muchas medidas, estos recortes van a suponer un
aumento de la ratio de alumnos/as por clase, con el perjuicio que ello tiene
sobre el aprendizaje. Más aún si pensamos en el alumnado con mayores
necesidades y dificultades en la adquisición de habilidades educativas. Con los
recortes en educación se ponen trabas a la atención a la diversidad y se deja
de lado al alumnado más débil y más necesitado.
También incrementan las horas lectivas del profesorado. Esta
medida afecta al rendimiento de docentes, viéndose también así afectada la
calidad de la enseñanza. Pero además, es una medida que generará más paro y
precariedad entre los/as interinos/as. Nuevamente será el alumnado quien asista
atónito al deterioro de su enseñanza. Cabe citar como ejemplo aquellos casos en
los que no serán cubiertas las bajas, perdiéndose o reduciéndose los programas
de las asignaturas impartidas.
Cuestionamos también que se pretenda mejorar la eficiencia
en la Universidad del modo propuesto: con el aumento de las tasas
universitarias y la reducción de becas al estudio y su progresiva sustitución
por préstamos-renta. Desde nuestros movimientos consideramos que esto es una
quiebra de la equidad lograda en el acceso a la enseñanza superior. Las clases
populares y más desfavorecidas económicamente van a ver obstaculizada, cuando
no impedida, su posibilidad de acceso a este nivel educativo. Se verán
abocadas, pues, a un temprano acceso al mercado laboral donde quedarán
relegadas a empleos expuestos a una mayor precariedad y con menores
posibilidades de mejora y estabilidad.
Desde nuestro punto de vista se está fomentando la inversión
de las empresas privadas en las universidades, mercantilizando la educación y
convirtiendo un derecho básico en un privilegio. La inversión pública no puede
decaer en los derechos que son básicos. Al contrario, hay que invertir en
ellos, y más en momentos de especial dificultad. Si no es así, estaremos
contribuyendo a incrementar todavía más las desigualdades de una sociedad que
cada vez más ve como las personas con menores recursos y posibilidades tienen
mayores dificultades para acceder a servicios hasta ahora públicos y
universales.
Y lo que parece más grave. Esto se ha hecho sin haber tenido
en cuenta a los representantes de la comunidad educativa, y, en especial, sin
haber escuchado a los representantes estudiantiles.
Sin embargo, hay actitudes que están resurgiendo entre la
juventud y el profesorado. Actitudes y sentimientos de lucha por la justicia,
por los derechos humanos y por la igualdad. Nosotros también apostamos por
ello. No podemos permanecer sentados viendo cómo dejamos de ser protagonistas
de nuestra propia educación. No hay que resignarse y creer que esto no tiene
otras soluciones. Creemos en la utopía; trabajemos por ella.
Terminamos por último, como movimientos apostólicos,
apelando a la Doctrina de la Iglesia en este ámbito. Dice la declaración
Gravissimum Educationis que “el mismo Estado debe proteger el derecho a una
educación escolar adecuada, vigilar la aptitud de los maestros y la eficacia de
los estudios, mirar por la salud de los alumnos y promover, en general, toda la
obra de las escuelas, teniendo en cuenta el principio de la función subsidiaria
y excluyendo, por ello, cualquier monopolio escolar» (Grav. educationis, 6).
Madrid, 10 de Mayo de 2012
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